Mis propuestas para transformar la justicia penal:

 

1. Audiencias públicas y resoluciones orales abiertas

Para que todos comprendan cómo y por qué se decide un caso

Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal debe regirse por los principios de publicidad y oralidad, lo cierto es que en segunda instancia —es decir, ante las salas penales— estos principios no se aplican como regla general, sino como excepción. Actualmente, las sentencias suelen dictarse por escrito y en privado, a menos que alguna de las partes solicite expresamente una audiencia de alegatos aclaratorios, o que la propia sala determine su celebración. Incluso en esos casos, la sentencia puede no dictarse en la audiencia, sino posteriormente por escrito.

 

Lo que propongo es cambiar esta lógica: maximizar el principio de publicidad y dar paso a una práctica generalizada en la que las resoluciones, especialmente las sentencias, se dicten de forma oral en audiencia pública. Esta medida busca dos fines esenciales:

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1. Accesibilidad para las partes: Que las personas involucradas en un proceso —en particular quienes no tienen formación jurídica, como las víctimas o imputados— puedan comprender con claridad, en lenguaje sencillo, qué se resolvió y por qué. No debe seguir siendo necesario traducir documentos técnicos para entender decisiones que afectan la vida de las personas.

2. Transparencia ante la sociedad: Que cualquier persona pueda asistir como público a las audiencias y conocer directamente cómo se imparten las resoluciones en segunda instancia. Esto fortalece la confianza ciudadana en la justicia y permite visibilizar el trabajo judicial, que hoy permanece en gran medida oculto detrás de expedientes.

 

Esta propuesta no requiere una reforma legal, sino una reinterpretación pro persona de los principios constitucionales y convencionales que rigen el debido proceso. Se trata de hacer del Poder Judicial un espacio más abierto, comprensible y honesto para todos.

 

2. ​Canal de difusión de resoluciones

A través de medios institucionales y redes sociales, con versiones públicas

La publicidad de las audiencias es un paso fundamental, pero no suficiente. La justicia no debe limitarse a lo que ocurre dentro de una sala: debe trascender el recinto judicial y llegar a toda la sociedad. Por ello, propongo implementar un canal de comunicación que permita difundir, de forma clara y accesible, el contenido esencial de las resoluciones emitidas por la magistratura penal, ya sea a través de los canales institucionales previamente existentes, los que se desarrollen de forma oficial, o bien mediante medios creados específicamente por el magistrado o por la sala penal en su conjunto.

 

Este canal puede nutrirse de comunicados escritos, videos explicativos, transmisiones breves o boletines digitales, que informen en un lenguaje ciudadano qué se resolvió, por qué se resolvió así, y cuál es su impacto jurídico y social. Todo esto, desde luego, respetando estrictamente la protección de datos personales y la confidencialidad de la información sensible.

Además, cuando un asunto despierte mayor interés público, este canal permitirá orientar a la ciudadanía sobre cómo solicitar las versiones públicas de las resoluciones por escrito o de las grabaciones de audiencia. Así, no solo se cumple con la exigencia de rendición de cuentas, sino que se genera una relación directa entre la justicia y la sociedad, fortaleciendo la confianza, la vigilancia ciudadana y el derecho a estar informados sobre cómo se imparte justicia en nombre del pueblo.

 

En definitiva, esta propuesta rompe con el aislamiento de las resoluciones judiciales, promueve la defensa pública de los fallos emitidos y convierte a la magistratura penal en un actor visible, responsable y transparente ante la ciudadanía.

 

3. Contacto directo sociedad-magistrado

Comunicación abierta supervisada por el órgano de disciplina judicial

Una de las grandes distancias que existen entre la sociedad y el Poder Judicial es el desconocimiento y la inaccesibilidad a sus autoridades, especialmente a los magistrados. Al no ser comunes las audiencias públicas con su intervención directa, la ciudadanía difícilmente conoce quiénes son, cómo piensan o cómo deciden. Esta desconexión genera opacidad, desconfianza e impide que la justicia se perciba como una función cercana al pueblo.

 

Por ello, propongo que, a través de los canales de comunicación institucionales ya existentes o los que se creen específicamente —como redes sociales del magistrado o de la sala penal—, se abra un espacio de contacto directo con la ciudadanía. Mediante estos medios, cualquier persona podrá comentar, opinar o preguntar sobre las publicaciones relacionadas con las resoluciones judiciales, su sentido, sus fundamentos o su impacto. Este canal permitirá interacción en tiempo real desde cualquier dispositivo, y será una vía accesible, horizontal y pública de comunicación.

 

Asumo el compromiso, como magistrado, de responder con respeto y responsabilidad a los comentarios, inquietudes o mensajes de las personas que se acerquen por esta vía. Y, para garantizar la legalidad y los límites de este ejercicio, la interacción estará siempre sujeta a la supervisión del órgano de disciplina correspondiente, para evitar cualquier uso indebido que comprometa la imparcialidad o la independencia judicial.

 

Este acercamiento transformará al magistrado en una figura más presente, visible y humana dentro del sistema de justicia, sin vulnerar su rol ni los principios que rigen su actuación. Se trata de abrir la puerta al diálogo, a la transparencia y a una nueva relación entre el Poder Judicial y la sociedad que representa.

 

4. Facilidad para denunciar corrupción o abuso judicial

Coordinación con el Tribunal de Disciplina Judicial y mecanismos ágiles y accesibles

Una justicia efectiva no solo se refleja en las resoluciones que dicta, sino también en la conducta ética de quienes la imparten. Si bien existen mecanismos legales establecidos para presentar quejas y denuncias ante los órganos de control y disciplina judicial, lo cierto es que estos procedimientos suelen resultar burocráticos, formales y distantes para el ciudadano común.

 

Por ello, propongo, desde la función de magistrado, una coordinación directa entre la sala penal y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como con el órgano interno de control del Poder Judicial, para implementar mecanismos ágiles, accesibles e inmediatos que permitan a la ciudadanía denunciar actos de corrupción, abuso o comportamiento indebido por parte de servidores públicos del órgano jurisdiccional.

 

Esto implicaría establecer medidas prácticas dentro de las propias instalaciones judiciales, como líneas directas de denuncia (similar al “teléfono rojo” en otras instituciones), medios electrónicos o formatos simplificados de reporte, para que cualquier persona que identifique una conducta irregular pueda comunicarla de forma directa, inmediata y sin trabas.

Estas acciones no sustituyen los procedimientos legales formales, pero los complementan y potencian, garantizando que las denuncias no se pierdan en la dilación ni en la desinformación. Con ello, se acerca la vigilancia ciudadana al interior mismo del tribunal, se fortalece el control institucional y se envía un mensaje claro: cualquier abuso de poder puede y debe ser denunciado, sin miedo ni obstáculos.

 

Maximización de los derechos humanos y del debido proceso penal

Acceso efectivo a una justicia material

Creo firmemente que ninguna justicia penal es legítima si no está fundada en la defensa plena de los derechos humanos y en el cumplimiento estricto de los principios que rigen el debido proceso. No concibo el juicio penal como un mero trámite técnico o formal, sino como un espacio decisivo para la protección de la dignidad humana, donde cada decisión puede marcar para siempre la vida de una persona.

 

Por ello, como magistrado, me comprometo a interpretar y aplicar las normas del proceso penal desde una visión garantista, en la que los derechos fundamentales no se entiendan como mínimos formales, sino como límites reales y prioritarios al ejercicio del poder punitivo del Estado. Esta visión está plenamente respaldada por el artículo 1º constitucional, que ordena a todas las autoridades aplicar el principio pro persona, preferir la interpretación más favorable a la protección de los derechos y limitar en la mayor medida posible su afectación cuando exista un conflicto.

 

Este compromiso implica aplicar el parámetro de regularidad constitucional, conformado por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en un plano no jerárquico, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También exige que, ante la tensión entre derechos de personas imputadas y víctimas, se practique una ponderación justa y razonada, privilegiando siempre una justicia material sobre los formalismos, como lo ordena el artículo 17 constitucional.

 

En resumen, el juicio justo no es un ideal abstracto: es una obligación constitucional y ética. Y mi deber, como jurista penalista y futuro magistrado, es hacerla realidad en cada resolución, en cada audiencia y en cada acto jurisdiccional.

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Las propuestas que aquí presento no son ideas abstractas ni aspiraciones retóricas. Son compromisos concretos para transformar la impartición de justicia penal desde tres ejes fundamentales: el combate a la corrupción, el acceso efectivo a la justicia y la defensa plena de los derechos humanos.

 

La mejor herramienta contra la corrupción es la publicidad del ejercicio jurisdiccional. Por eso propongo colocar al Poder Judicial en una caja de cristal, en donde cada resolución, cada audiencia, cada decisión pueda ser vista, escuchada y entendida por toda la sociedad. Solo así se rompe con la opacidad que permite abusos, y se obliga a quienes ejercen la justicia a hacerlo con transparencia, rigor y responsabilidad.

 

Al mismo tiempo, impulsaré una justicia accesible, clara y directa, en donde las resoluciones no estén escritas solo para juristas, sino también para las personas que viven los procesos. La oralidad, el lenguaje sencillo y la eliminación de la sobreargumentación permitirán no solo que las decisiones se comprendan, sino que se tomen con mayor celeridad, devolviendo a la ciudadanía la confianza en que el sistema penal puede responder de forma real, concreta y oportuna.

 

Y todo esto, necesariamente, debe hacerse bajo un principio rector: el respeto absoluto a los derechos humanos. Porque el proceso penal es la manifestación más fuerte del poder del Estado sobre las personas, y precisamente por ello, debe estar guiado por los límites más estrictos, más humanos y más garantistas. Mi compromiso como magistrado será ejercer esa función con profesionalismo, con verticalidad, y con la convicción de que la justicia no se negocia, se construye todos los días, con cada acto y con cada palabra.

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